Una vez más, la Generalitat de Catalunya demuestra de qué lado está. Frente a una plantilla que ha dicho basta, que convoca una huelga indefinida a partir del 23 de septiembre en el Metro de Barcelona, el Departament d’Empresa i Treball ha dictado una orden escandalosa: imponer un 75% de servicios mínimos.
¿De verdad alguien puede llamar a esto “derecho de huelga”? Con tres cuartas partes de la plantilla obligada a trabajar, la protesta queda convertida en un gesto simbólico. Es la estrategia de siempre: blindar los intereses de la empresa y de la administración a costa de los trabajadores.
Los vigilantes de seguridad del Metro no piden lujos. Reclaman condiciones laborales dignas, respeto a su trabajo y un futuro sin abusos. Pero cuando se levantan, se topan con una Generalitat que utiliza la excusa de la “seguridad ciudadana” para recortar un derecho fundamental. Resulta curioso que esa seguridad solo importe cuando se trata de limitar una huelga, y no cuando hablamos de plantillas recortadas, jornadas abusivas o sueldos de miseria.
Con esta decisión, el Govern demuestra que prefiere tener vigilantes esclavos antes que vigilantes con derechos. La Constitución reconoce el derecho a la huelga, pero en la práctica se convierte en papel mojado cada vez que el poder político se arrodilla ante las grandes empresas de seguridad privada.
Desde Alternativa Sindical denunciamos esta nueva agresión. Los trabajadores del Metro de Barcelona no son piezas prescindibles de un engranaje. Son quienes día a día sostienen la seguridad de millones de usuarios, a costa de su salud y esfuerzo. Ahora, además, son víctimas de un atropello legal que convierte una huelga en un simulacro.
El 23 de septiembre comienza una lucha justa. Y aunque intenten desactivarla con decretos y porcentajes, la dignidad de los vigilantes no se mide en servicios mínimos, sino en su capacidad de resistir y no doblegarse.
